TERREMOTO EN EL ESCUADRÓN 48: Bajaron a Carrió y Codasi del juicio por Loan, destapan un escrache con un micro de campaña y crece la tensión por el pacto de silencio

El aire dentro del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional en Corrientes se corta con un bisturí. A más de dos años de aquella siesta maldita en el paraje El Algarroval, el debate oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña no frena su marcha y cada jornada desentierra una capa más profunda de miseria, operaciones políticas y maniobras defensivas calculadas al milímetro. Mientras el río Paraná crece y altera los ánimos en las zonas ribereñas, puertas adentro del tribunal federal las fichas se mueven con la precisión de un tablero de ajedrez donde nadie quiere inmolarse solo. La gran bomba de la semana judicial tuvo nombres propios: Elisa “Lilita” Carrió y el polémico abogado José Fernández Codasi finalmente no pisarán el estrado. Detrás de esa baja hay una trama oscura de intereses cruzados, el fantasma de causas paralelas y una estrategia de supervivencia procesal que desnuda cómo la política y el expediente judicial bailan un tango fronterizo y peligroso.

El portazo de Chiribín y el fantasma del “Caso Niño N”

La decisión de bajar a Carrió y a Codasi de la lista de testigos no fue un capricho del azar, sino el resultado de una jugada quirúrgica impulsada por Mónica Chiribín, la abogada defensora de Laudelina Peña. La letrada fue terminante al confirmar que desistía de ambas testimoniales para evitar que el eje central del debate —que busca determinar qué pasó con el pequeño Loan— termine contaminado por cruces políticos y operaciones de pasillo.

Para la defensa de Laudelina, Codasi representa un casillero peligroso: lo consideran un “testigo manchado” cuya incorporación al debate solo serviría para legitimar o embarrar aún más la ya vapuleada “teoría del accidente”, aquella versión que plantó la tía del niño en los albores de la investigación y que sostenía que el nene había sido atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

El trasfondo de la figura de Codasi es, por decirlo menos, turbio. El letrado arrastra un procesamiento firme y camino a juicio oral en el marco del denominado “Caso Niño N”, un episodio aberrante ocurrido en la localidad correntina de Esquina donde un ciudadano brasileño baleó a un hombre en presencia de su propio hijo de seis años, menor al que luego sac a de circulación con la presunta colaboración de este mismo abogado. En esa causa paralela, Codasi supo tener como defensor a Jorge Monti —quien en el juicio por Loan representa a Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi—, mientras que Richard Vallejos, abogado defensor del excomisario Walter Maciel, también interviene como patrocinante en aquel expediente oscuro de Esquina.

Ante este entramado donde los mismos nombres se repiten como socios de un club cerrado, Chiribín prefirió cortar por lo sano. Su objetivo procesal, según advierte por lo bajo, es acotar el foco: demostrar con testigos limpios cómo fue sacada Laudelina de 9 de Julio bajo presiones para ir a declarar a una fiscalía provincial en la capital correntina. Cualquier otra excursión al barro político, entendió su estrategia, era regalarle munición pesada a las demás defensas.

Memoria de un escrache: el día del micro de campaña

Lejos de agotarse en los tecnicismos de los códigos procesales, la audiencia del tribunal federal corrió el velo sobre escenas dantescas que ocurrieron por fuera de la investigación principal, pero que pintan de cuerpo entero el clima de época que se vivió en el interior correntino. El debate se detuvo largamente en un episodio ocurrido en junio de 2025 —en plena ebullición del año electoral—, cuando una turba enfurecida llegó hasta la mismísima puerta de la casa de Laudelina en 9 de Julio al grito de “justicia por Loan”.

Aquella protesta, que en su momento sacudió a la opinión pública, recrudeció en el recinto a través del testimonio de una vecina del lugar, María Custillo, quien debió declarar tras haber registrado todo aquello mediante una transmisión en vivo por Facebook Live. Lo que parecía un espontáneo reclamo vecinal comenzó a desmoronarse cuando las defensas introdujeron imágenes que demostraban cómo se movilizaba el grupo de entre quince y veinte personas que irrumpió en el domicilio.

En la vivienda, vale recordarlo, no había adultos responsables al mando: Laudelina y Antonio Benítez ya estaban tras las rejas, y quienes habitaban el lugar eran los menores hijos de ambos y Macarena Peña, la hija de Laudelina, quien por entonces transitaba un embarazo avanzado en medio de un estado de nerviosismo colosal. La tensión escaló a niveles insoportables hasta que la propia Macarena debió alertar de urgencia a la asesora de menores Roxana Marini para que interviniera la policía y frenara el asedio.

Lo más grave y revelador que se ventiló en el Escuadrón 48 no fue solo la violencia verbal de aquella jornada, sino la logística oculta detrás del autodenominado “reclamo popular”. De acuerdo con las pruebas acercadas por las defensas, los manifestantes no llegaron a pie ni en vehículos particulares: se trasladaban a bordo de un colectivo oficial perteneciente a una campaña política, más precisamente un micro vinculado al entonces diputado Germán Braillard Poccard. Que un juicio por la desaparición de un niño de cinco años deba absorber los coletazos de una caravana proselitista armada en el medio de un pueblo fantasma demuestra cómo la tragedia de Loan fue utilizada, surcada y operada por los sótanos de la política vernácula.

El perfil de Loan y las fallas de origen en la recolección de pruebas

Entre tanto ruido político y chicanas de letrados, el debate también logró rescatar fragmentos de humanidad y cruda crudeza técnica sobre lo que pasó —o lo que no se hizo— en las primeras horas de la búsqueda. Por el estrado pasó María del Carmen Núñez, quien supo ser pareja de Cristian Peña, uno de los hermanos de Loan. Su testimonio sirvió para trazar un retrato íntimo del niño que desarma por completo cualquier teoría infantil de fuga voluntaria.

Con la voz quebrada y una profunda tristeza, Núñez describió a Loan como un nene sumamente alegre, divertido, pero con un rasgo conductual determinante: era marcadamente esquivo y desconfiado. “No le hablaba a nadie que no fuera de su entera confianza”, remarcó ante los jueces, poniendo en evidencia la imposibilidad material de que el pequeño se hubiera alejado voluntariamente de la mano de un extraño o de alguien a quien no conociera profundamente. Un dato no menor si se tiene en cuenta que era la primera vez que el chico visitaba la casa de su abuela Catalina en El Algarroval.

A ese testimonio se le sumó la breve pero contundente declaración de María Agustina Subirá, una oficial de la Policía Federal especializada en investigación criminal que estuvo a cargo del análisis fotográfico del famoso hallazgo del calzado de Loan. Ante la requisitoria de la abogada Chiribín, la perito admitió una verdad incómoda que desnuda la desidia o la impericia de los primeros rastrillajes: en el perímetro donde apareció la zapatilla jamás se tomaron muestras de suelo para realizar cotejos científicos o comparaciones forenses posteriores. Un eslabón más en la cadena de papel pintado que constituyeron los operativos iniciales.

El circo de la Fundación Dupuy y el misterio del Hotel Despertar

Otro de los flancos que consumió horas de discusión en la sala fue la pulseada en torno a la incorporación de nuevos testigos vinculados al desembarco de la autodenominada “Fundación Dupuy” en 9 de Julio, un grupo de particulares y supuestos psicólogos foráneos que se instalaron en la zona bajo la fachada de brindar asistencia y que la justicia federal terminó imputando por obstrucción a la justicia y encubrimiento.

En este punto, el defensor público Adrián Maeri —quien patrocina al imputado Pablo Noguera— insistió con vehemencia en la necesidad de convocar al periodista Alejandro Pueblas (de América 24) para que declare sobre cómo era la convivencia real dentro del Hotel Despertar del Iberá. La estrategia de los falsos samaritanos apunta a instalar la idea de que su presencia en el pueblo era armónica y benéfica, dedicada supuestamente a repartir donaciones y auxiliar a los menores considerados vulnerables.

Sin embargo, la jugada no es unánime. Del otro lado, el histórico defensor Tito González, que representa a Pérez y Caillava, intentó despegarse de ese sainete y presentó un escrito formal para bajara Pueblas de la lista, pidiendo tajantemente que no lo convoquen. Pero como el código procesal habilita a que las demás defensas se aferren a un testigo propuesto, el bando de los imputados por entorpecimiento redobló la apuesta y exigió su palabra bajo el argumento de que el cronista puede arrojar luz sobre las redes de contención y el manejo de los forasteros que coparon el pueblo en plena conmoción nacional.

Las piezas que faltan y lo que viene en el calendario judicial

Con el correr de las horas, la lista de testigos pendientes empieza a achicarse entre baches geográficos y ausencias insólitas. Mientras se aguarda con máxima expectativa la declaración telemática —vía Zoom desde La Pampa— de Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, quien testificará acorralado por los problemas de salud que le impiden viajar a Corrientes y tras un duro revés judicial en el que la cámara le negó el estatus de testigo protegido, la fiscalía también debió anotar ausencias de peso.

Es el caso de Guillermo Bacaro, un testigo clave citado por el ministerio público que, de buenas a primeras, decidió armar las valijas y mudarse a España. Si bien un abogado se comunicó para ponerlo a disposición de manera virtual, lo cierto es que por ahora quedó colgado sin fecha fija en el cronograma. Quien sí aparece en el horizonte inmediato es Ronald Serrano, el dueño de un taller de reparación de motos ubicado a escasos metros de la comisaría de 9 de Julio, cuya declaración promete poner la lupa sobre los movimientos oscuros en torno al secuestro y la requisa de los vehículos de Pérez y Caillava en las horas más calientes del caso.

El juicio entra en una meseta operativa anunciada: a partir de la próxima semana se reducirá el ritmo a solo dos audiencias semanales, palpitando la transición hacia la retirada del juez principal Fermín Arolini. Mientras tanto, en la calle, la sensación térmica de la impunidad sigue intacta. Entre micros de campaña que trasladan patotas, políticos que juegan a las escondidas en los expedientes y testigos que prefieren olvidar tramos enteros de sus propias vidas, el pacto de silencio en torno a la suerte de Loan Danilo Peña continúa blindado por una muralla de complicidades que la justicia, a paso de tortuga, intenta demoler a cabezazos.