EL COLAPSO DE LA MENTIRA: Las lágrimas de la exfuncionaria no resistieron el interrogatorio y se filtran las jugadas sucias de los abogados para voltear el juicio por Loan

El aire en el recinto del Escuadrón 48 de Gendarmería en Corrientes se corta con un puñal. A dos años exactos de aquel mediodía maldito del 13 de junio de 2024 en el paraje Algarroval —cuando el pequeño Loan Danilo Peña se esfumó sin deixar rastro tras un almuerzo familiar en lo de la abuela Catalina— el debate oral y público se ha transformado en un ring de boxeo sin reglas fijas, donde las chicanas, los gritos de los letrados y las coartadas que se desmoronan a pedazos dominan cada jornada. Lo que prometía ser una defensa blindada por parte de los diecisiete imputados comenzó a crujir de manera impiadosa, dejando al descubierto la fragilidad de relatos ensayados durante meses entre rejas y despachos oscuros.

La gran protagonista de esta caída en desgracia fue, sin lugar a dudas, María Victoria Caillaba. La exfuncionaria municipal y una de las piezas más enigmáticas del entramado criminal que investiga la justicia federal se había plantado días atrás frente al tribunal con una estrategia discursiva tan calculada como extensa. Durante tres largas horas, con pañuelos descartables en mano, voz quebrada y un tono marcadamente autobiográfico, intentó pintar un fresco bucólico de su vida. Habló de sus orígenes humildes en el paraje Bonete, de las cosechas de tabaco bajo un sol abrasador, de su abnegada labor docente en la escuela secundaria de 9 de Julio y de su supuesta vocación de servicio asistiendo a pequeños productores con semillas y perforaciones de agua.

Todo ese montaje escénico, diseñado con precisión quirúrgica para generar empatía en los jueces y desmarcarse de cualquier sospecha de secuestro, tenía una fecha de vencimiento: el momento del cross-examination. Y ese momento llegó con la fuerza de un huracán.

El muro de la fiscalía y el derrumbe de la coartada

Cuando los fiscales tomaron la posta para someter a Caillaba a las preguntas filosas del interrogatorio, el castillo de naipes se desplomó en cuestión de minutos. La fachada de mujer sufrida y benefactora comunitaria no resistió el peso de las contradicciones técnicas y documentales que le tiraron sobre la mesa.

Una de las estocadas más certeras provino de la fiscalía cuando le recordaron su presunto rol como informante en temas de narcotráfico ante las fuerzas federales. Conforme a la ley de delitos complejos, cualquier ciudadano que colabore de esa manera debe estar debidamente registrado en los padrones oficiales. Ante la pregunta directa, Caillaba se quedó en silencio; no pudo aportar un solo papel, un solo número de expediente ni una sola constancia que avalara semejante chapa. La teoría con la que intentaba justificar contactos oscuros y movimientos extraños se desvaneció en el aire.

Tampoco supo cómo salir del atolladero cuando le repasaron sus propias declaraciones televisivas brindadas a los medios en los albores del caso, especialmente aquella recordada entrevista con el periodista Paula Bernini. En aquella ocasión, con una frescura que hoy la condena, la exfuncionaria había detallado cómo se había agachado para revisar milimétricamente el chasis de su camioneta bajo el argumento delirante de que “los chicos a veces se esconden ahí jugando”. Ante el tribunal, acorralada por los videos que se proyectaron en la sala, sus respuestas fueron evasivas, erráticas y plagadas de baches temporales que los jueces anotaron con rigor implacable.

Cuando le preguntaron de manera frontal qué sabía sobre el paradero de Loan, su respuesta sonó a un latiguillo vacío de contenido: “Es lo que todos queremos saber”. Las lágrimas ya no conmovían a nadie. El fiscal Carlos Shaffer fue tajante al desestimar el show montado por la imputada, recordándole que no está sentada en el banquillo por lavar una camioneta o por sus antecedentes comunitarios, sino bajo la gravísima acusación de sustracción y ocultamiento de un menor de cinco años. La estructura defensiva quedó en terapia intensiva, evidenciando que las coartadas construidas entre cuatro paredes se vuelven insostenibles cuando chocan contra la pared de la evidencia lógica.

Chicanas, gritos y el fantasma de las nulidades

Pero el juicio no solo arde por las declaraciones de los acusados; el clima dentro del recinto es una olla a presión donde los cortocircuitos entre los abogados defensores y los representantes del ministerio público fiscal amenazan con hacer volar todo por los aires en cualquier momento.

Las audiencias recientes se vieron interrumpidas de forma abrupta por cuartos intermedios interminables debido a disputas encarnizadas sobre la estrategia procesal. Por un lado, la incorporación de nuevos letrados a la defensa de personajes clave como Pablo Núñez —vinculado indirectamente a coletazos de causas por narcotráfico en Rosario— desató una guerra verbal sin cuartel. La designación de abogados co-defensores con intereses cruzados encendió las alarmas de la fiscalía, que advirtió de inmediato la maniobra: se busca sembrar el terreno de vicios procesales para que, en un futuro no tan lejano, la Cámara de Casación declare la nulidad de todo el debate y archive el expediente por tecnicismos.

El cruce entre los penalistas Rodolfo Baqué, Martín Leiro y el fiscal Carlos Shaffer rozó el escándalo en más de una oportunidad. Los defensores acusaron a la fiscalía de ensañamiento mediático, mientras que Shaffer exigió sanciones ejemplares para los letrados que utilizan la sala de audiencias como un plató de televisión para agraviar a los funcionarios judiciales. El propio presidente del tribunal debió intervenir severamente para poner paños fríos, reclamando profesionalismo y pidiendo que las disputas personales queden fuera del recinto sagrado de la justicia.

En paralelo, las tensiones escalaron con las denuncias públicas de la abogada Mónica Chirivín, quien aseguró sentirse hostigada por las declaraciones periodísticas del fiscal general, y con el rechazo judicial al pedido para otorgarle el estatus de testigo protegido a Ramón Dupuy, una figura clave que pretendía declarar vía Zoom desde La Pampa en medio de un clima de amenazas y presiones cruzadas que no cesan desde el día uno de la investigación.

El pecado original: Las horas de oro perdidas y el caos en el “Área Cero”

Mientras los tribunales debaten chicanas y buscan la forma de proteger la identidad de los menores involucrados para no revictimizarlos en medio del circo mediático, los testimonios técnicos que se escuchan en el juicio se encargan de recordar por qué el caso sigue sin hallar al niño a más de dos años de su desaparición.

Las declaraciones de especialistas como Sofia Risco, integrante del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (CIFEBU), volvieron a poner blanco sobre negro respecto al desgobierno absoluto que reinó en las primeras 48 horas de la investigación provincial. Risco describió ante los jueces un escenario dantesco al llegar al paraje 9 de Julio el sábado 15 de junio de 2024. Lejos de encontrarse con una escena del crimen preservada bajo estrictos protocolos de aislamiento, el denominado “Área Cero” era un corso colmado de curiosos.

Cientos de personas caminaban a sus anchas por el naranjal, pisoteando pastizales, moviendo ramas y borrando de manera irreversible cualquier rastro genético o pisada que pudiera haber dejado el pequeño Loan. Los perros rastreadores de élite quedaron completamente inhabilitados para trabajar debido a la contaminación masiva de olores humanos ajenos al hecho. A eso se sumaba la reticencia y el recelo profesional de la policía local —con el entonces comisario Walter Maciel a la cabeza—, que miraba con desconfianza la llegada de las fuerzas federales y retaceaba información clave bajo la excusa de autonomías provinciales que terminaron favoreciendo la impunidad de los encubridores.

Las famosas huellas halladas más allá de la Ruta 123, los misteriosos movimientos de vehículos en caminos intransitables y la precariedad de las comunicaciones —con handy sin señal y teléfonos que no conectaban— completaron el cuadro de una investigación que nació rengueando, atada con alambre y supeditada a los caprichos de una estructura policial sospechada de complicidad estructural.

Un final abierto donde la verdad camina por la cuerda floja

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña entra en su etapa de definiciones más caliente. Con una fiscalía que presiona para elevar las causas pendientes a juicio definitivo, defensas que juegan al límite de la legalidad procesal para voltear el expediente por vicios formales y un banquillo de los acusados que empieza a quebrar su pacto de silencio a fuerza de contradicciones, la sociedad correntina y el país entero continúan exigiendo respuestas.

Los padres del niño, José Peña y María Noguera, transitan los pasillos judiciales con el dolor intacto y la certeza amarga de que la verdad ha sido sistemáticamente ocultada por una red de influencias, política menuda y pactos mafiosos. Las caretas van cayendo de a una, pero el paradero de Loan sigue siendo el gran misterio doloroso de una Argentina que no termina de cicatrizar sus heridas más oscuras. La justicia tiene la palabra final, aunque el camino hacia la verdad definitiva parezca todavía largo, sinuoso y empedrado de mentiras que se resisten a morir.