EL DOSSIER SECRETO DE MACIEL: “A Laudelina la plantó el poder”, las llamadas borradas y el día en que la justicia de Corrientes se volvió un conventillo

El aire en los tribunales federales se corta con un suspiro denso, cargado de años de sospechas, chicanas judiciales y un pacto de silencio que amenaza con desmoronarse desde sus cimientos. A más de dos años de aquel fatídico mediodía del 13 de junio de 2024 en el paraje 9 de Julio, el comisario Walter Maciel decidió sacarse la gorra institucional y hablar sin anestesia ante el estrado. En una declaración explosiva, maratónica y plagada de pases de factura, el otrora jefe de la comisaría local apuntó directamente contra Laudelina Peña, expuso las miserias de una investigación amateur y disparó contra fiscales y mandos superiores. Lejos de mostrarse abatido por sus más de dos años tras las rejas, el uniformado se paró en su rol de investigador nato para dinamitar la versión oficial que sostiene a gran parte de los imputados.

La jornada judicial dejó al descubierto un entramado de desidia, impericia y operaciones subterráneas que convierten al expediente de la desaparición de Loan Danilo Peña en una auténtica novela negra, pero con víctimas de carne y hueso y un misterio que, por momentos, parece deliberadamente enterrado bajo toneladas de tierra y burocracia.

El fantasma del “botín” y la caminata exprés de Laudelina

Uno de los momentos más álgidos de la exposición de Maciel giró en torno a uno de los enigmas más bizarros de la causa: la aparición del famoso calzado —el “botín”— que supuestamente pertenecía al pequeño Loan y que fue hallado a kilómetros de distancia del tristemente célebre naranjal. Para el comisario, la respuesta es tan simple como escandalosa: aquello fue una puesta en escena grotesca.

“¿Qué querían hacer con eso? Quisieron continuar con la farsa, querían seguir despistando”, lanzó Maciel ante el tribunal con tono desafiante, asegurando sin titubear que el elemento fue “plantado” arteramente. Según su reconstrucción analítica como perito de calle, la maniobra habría sido ejecutada por la propia Laudelina Peña en horario coincidente con el regreso del matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillaba desde el pueblo.

Los testimonios recolectados en el expediente señalan que Laudelina caminaba a paso firme, guiando a los improvisados buscadores con una precisión llamativa, recorriendo distancias de más de tres kilómetros y medio a tranco rápido. Para Maciel, esa agilidad inusitada en medio de un supuesto cuadro de desesperación familiar no era más que la constatación de alguien que sabía exactamente dónde iba porque ella misma —o su entorno directo— había colocado la prueba material para reorientar la brújula de los sabuesos hacia un callejón sin salida.

“La única persona que desde el primer momento me hizo dudar y me generó sospechas fue Laudelina”, disparó el comisario, recordando cómo la mujer se pasaba el día entero pegada al teléfono celular, tejiendo coartadas y desviando la atención mientras los efectivos peinaban un monte inespenetrable.

La bronca con la fiscalía ordinaria y el “comiste la curva”

En su alocución, Maciel no tuvo piedad con los representantes del Ministerio Público Fiscal que instruyeron los primeros tramos del expediente, señalando con nombre y apellido al fiscal Juan Carlos Castillo como uno de los máximos responsables del caos jurídico inicial. Con la autoridad que le confieren sus más de veinticinco años de carrera policial, el comisario aseguró que la justicia ordinaria actuó con una ineptitud exasperante, careciendo de dirección táctica y abandonando el territorio a su suerte.

“Yo me comí la curva las primeras horas porque confié en la supuesta solidez de ciertas personas educadas y de trayectoria, como el capitán retirado Pérez”, se excusó Maciel al referirse a cómo el matrimonio de la Armada Argentina logró escabullirse del radar investigativo durante los momentos más críticos. Para el policía, la respetabilidad aparente de Pérez y Caillaba obnubiló a una fuerza de seguridad diezmada, que contaba apenas con un puñado de efectivos para custodiar una geografía rural inmensa, sin teléfonos fijos en la dependencia y con recursos logísticos absolutamente paupérrimos.

El comisario insistió en que él mismo solicitó en hasta siete oportunidades la detención formal de Laudelina, peticiones que fueron sistemáticamente cajoneadas o cajoneadas por un poder judicial temeroso del costo político. “No la detuvieron porque querían mantenerla como una testigo funcional a sus propios relatos”, sentenció, dejando entrever que el colapso probatorio no fue producto exclusivo de la casualidad, sino de una impericia funcional sostenida por intereses espurios.

Celulares borrados, llamadas cruzadas y el show de las fake news

La tecnología, que en todo crimen moderno funciona como la caja negra de la verdad, se convirtió en este juicio en un campo de batalla dialéctico. El fiscal del caso acorraló a Maciel con un dato lapidario surgido de los peritajes informáticos: la existencia de registros borrados y posteriormente reconstruidos en su teléfono personal correspondientes a la franja horaria más sensible de la desaparición.

Con la cintura de un zorro viejo de comisaría, Maciel intentó desdramatizar el asunto: “Borré conversaciones y archivos multimedia por pura saturación de memoria del aparato, debido a la avalancha infinita de fotos y datos que ingresaban por segundo; lo que se recuperó son cuestiones estrictamente personales y asuntos de mi vida privada, nada que comprometa la causa”. Sin embargo, la sombra de la manipulación de pruebas sigue latente en el aire de la sala.

A esto se le sumó el bizarro episodio de la falsa alarma propiciado por el sargento Mariano Duarte —alias “El Loro”—, quien en plena madrugada hizo cundir la falsa expectativa de que el niño había aparecido sano y salvo en un bar de la zona, basándose en un supuesto reporte de drones que jamás existió. Aquel papelón institucional, que llenó de ilusiones falaces a una familia destrozada, fue calificado por Maciel como una muestra más del nivel de descontrol operativo que imperaba en 9 de Julio, donde la improvisación y los chismes de pasillo competían mano a mano con la ciencia forense.

El pacto de silencio y un final abierto

Hacia el tramo final de su declaración, el comisario detenido dejó una frase que resonó como un trueno en la sala de audiencias, interpelando directamente a jueces, querellantes y defensores: “Aquí se buscó entorpecer la causa desde el minuto cero, se inventaron teorías disparatadas y se intentó fabricar culpables a la medida de la presión mediática”.

Mientras tanto, en la calle, la sociedad correntina sigue exigiendo respuestas que la política y la justicia parecen incapaces de articular de manera transparente. El caso Loan dejó de ser la tragedia de un niño extraviado en el monte para transformarse en el espejo roto de una provincia atravesada por zonas oscuras, complicidades corporativas y un laberinto judicial donde la verdad, por más que se intente desenterrar a fuerza de careos y testimonios cruzados, insiste en permanecer agazapada en las sombras.