¡Giro total en el Caso Loan! Caillaba destapó la olla, apuntó contra un complot político-judicial y reveló los oscuros aprietes detrás del falso accidente

La sala de audiencias del tribunal federal correntino ardía de tensión. En medio de un proceso judicial que ya lleva más de dos años de desconcierto, cruces y promesas incumplidas, María Victoria Caillaba volvió a sentarse frente a los jueces para enfrentar el fuego cruzado de las preguntas. Lejos de acogerse a un silencio esquivo, la imputada desplegó un contraataque discursivo monumental que dejó perplejos a propios y extraños. Con tono firme, por momentos quebrada pero decidida a no cargar con la mochila ajena, Caillaba no solo negó rotundamente haber participado en la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña, sino que puso sobre la mesa una serie de nombres pesados, reuniones clandestinas y aprietes mafiosos que —según su versión— construyeron el mito del falso accidente para salvarle el pellejo a los verdaderos responsables.

La trastienda del apriete: cómo se fraguó la teoría del choque

El eje central de la segunda parte de su declaración se metió de lleno en las entrañas de lo que califica como una operación sucia urdida desde las altas esferas provinciales y judiciales. Con lujo de detalles, Caillaba expuso cómo habrían manipulado a la abuela Catalina y a la familia de Laudelina Peña para encauzar la investigación hacia un callejón sin salida.

Según su relato ante el tribunal, emisarios oscuros visitaron a la anciana en los primeros tramos del caso. Tres hombres en traje, de físicos robustos, se presentaron en la vivienda de El Algarrobal para presionarla: le exigieron que se alineara con la versión del accidente y que convenciera a su hija Laudelina de sostener la misma mentira. Ante la negativa y el rechazo rotundo de la abuela, que los habría echado casi a los cachetazos de su casa, la maquinaria clandestina se movió hacia otro blanco más vulnerable.

“Le dijeron que nadie iba a creerle lo del botín, que tenían la solución perfecta: declarar que se trató de un choque para salvarse ellos”, deslizó Caillaba, apuntando directamente contra el abogado José Codasi —hoy formalmente imputado por su rol en el secuestro y encubrimiento de un menor—, a quien señaló como el cerebro operativo de la coacción.

De acuerdo con los datos que ventiló la imputada, el plan incluyó traslados nocturnos en autos grises, ensayos cronometrados de la falsa declaración antes de llegar al paraje Desmochado, promesas de una casa nueva con habitaciones amplias gestionadas por un senador provincial, y hasta la entrega de un sobre con 50.000 pesos en una vivienda particular de la capital correntina. La amenaza principal que esgrimían los operadores era implacable: si no inventaban el choque con la camioneta, la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, caería con una orden de captura internacional y la peor condena recaerá sobre sus espaldas.

Para Caillaba, la pregunta que nadie se anima a responder en voz alta es por qué un sector del poder político y policial decidió arrastrar a una madre y a una hija a más de 200 kilómetros de su hogar para instalar una mentira en plena jurisdicción federal.

La defensa de los vehículos y las sombras en la comisaría

Uno de los momentos más álgidos de la jornada se dio cuando la imputada abordó el peritaje sobre los rodados secuestrados al matrimonio. Con una mezcla de indignación y perplejidad técnica, cuestionó duramente la cadena de custodia y el manejo de las pruebas biológicas.

Caillaba insistió hasta el cansancio en que ni ella ni su esposo manejaban con intenciones espurias, y retó a las partes a realizar un seguimiento informático minuto a minuto de su telefonía celular, asegurando que la geolocalización demostrará que jamás detuvieron la marcha en el trayecto hacia Corrientes ni se desviaron hacia zonas rurales descampadas.

“Si hacen el rastreo van a comprobar que nunca paramos, que jamás lo subimos a Loan al vehículo. ¿Por qué no investigan bien cómo se hicieron los hisopados y qué pasó con las gasas que retiraron a los treinta minutos?”, cuestionó con dureza.

En esa misma línea, apuntó contra las irregularidades detectadas en la comisaría de 9 de Julio. Recordó que en las dependencias policiales locales existía una bolsa negra con al menos veinte prendas de vestir pertenecientes a Loan que llamativamente permanecieron ocultas y bajo llave, sin ser remitidas a tiempo a la fiscalía correspondiente. Asimismo, remarcó las declaraciones de la perito Maricel Esquivel, quien en el mismo juicio reveló que la policía local le impidió apagar las luces para realizar las pruebas de luminol bajo los vehículos en los primeros días críticos de la pesquisa. Para la defensa, el terreno ya estaba minado desde adentro.

Cruzada contra las drogas y un teléfono bajo la lupa

Lejos de esquivar los temas incómodos, la imputada volvió a poner sobre la mesa su rol como informante de fuerzas federales en causas vinculadas al narcotráfico en la región de 9 de Julio. Explicó que su obsesión por denunciar a los bunkers locales y a los vendedores de sustancias prohibidas le valió enemistades peligrosas que hoy confluyen en esta causa como una venganza institucional.

Ante las preguntas incisivas de la fiscalía sobre el motivo por el cual había borrado numerosos mensajes de su dispositivo móvil, Caillaba se defendió aduciendo cuestiones estrictamente de seguridad personal: “Nunca le puse clave a mi teléfono porque andaba libre por el pueblo, pero borraba chats para que nadie descubriera que yo colaboraba aportando datos sobre los puntos de venta de droga”.

Sin embargo, el interrogatorio de los fiscales no tardó en acorralarla con detalles incómodos de su cronología. Le recordaron las llamadas cruzadas con vecinos como María González, la rapidez con la que decidió abandonar 9 de Julio rumbo a la capital provincial justo el día después de la desaparición —bajo el pretexto de visitar a la hija de su marido para el Día del Padre— y las sospechosas comunicaciones sostenidas con el excomisario Walter Maciel, a quien le pidió una custodia especial para sus vehículos por un supuesto “miedo” a represalias callejeras.

“En la desesperación uno piensa cualquier cosa, tenía terror de que esa gente viniera a plantar algo en nuestras cosas porque sabían cómo operaban”, se excusó ante la insistencia de la querella sobre las razones que la llevaron a entregar voluntariamente la camioneta a la policía local.

El dolor familiar y un pacto de silencio que cruje

Hacia el tramo final de su exposición, antes de someterse al extenso cuestionario de los fiscales y de la querella, Caillaba dejó lugar a la faceta más humana y desgarradora de su paso por el banquillo. Se refirió al calvario que debieron atravesar sus hijos y nietos, mencionando puntualmente el sufrimiento de la hija menor de su esposo, a quien llegaron a confundir públicamente con otros casos resonantes de menores perdidas, obligándola a someterse a exámenes de ADN y a recluirse en su habitación sumida en ataques de pánico.

También hubo menciones para su propio hijo, Jorge Luciano Bertón, un trabajador rural que sostiene a su familia cargando sandías y zapallos hasta altas horas de la noche, y que ahora se encuentra bajo el escrutinio judicial debido a registros de presencia en la zona el día de los hechos.

“Nosotros éramos una pareja común, queríamos jubilarnos en paz, disfrutar de nuestros nietos y de los fines de semana largos. Nos destruyeron la vida buscando un chivo expiatorio para tapar su propia inoperancia”, sentenció con la voz temblorosa, mirando fijamente a los familiares de Loan presentes en la sala.

El juicio continúa su marcha imparable, dejando al descubierto que la verdad en el caso de la desaparición del niño de 9 de Julio sigue sepultada bajo capas de mezquindades, relatos armados y disputas de poder. Mientras tanto, Caillaba eligió jugar su carta más fuerte: apostar a que el castillo de naipes del falso accidente se derrumbe por su propio peso, aunque para ello deba demoler los cimientos de una justicia correntina que quedó sospechadamente expuesta desde el primer día.