ESCÁNDALO EN EL JUICIO POR LOAN: Las dudosas coartadas del hijo de Caillava, los audios del miedo y un vecino que desarma el pacto de silencio

El aire en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional en Corrientes se corta con un cuchillo. Las jornadas del debate oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña —el niño de cinco años cuyo rastro se esfumó el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarroval— transcurren en un delicado equilibrio entre el rigor técnico y la escenografía de un circo judicial donde las chicanas, los cruces encendidos entre abogados y las chispas dialécticas dominan la escena. Sin embargo, detrás del ruido mediático y de las batallas verbales en la sala, la maquinaria de la justicia avanza implacable sobre los escombros de un pacto de silencio que se cae a pedazos. Las últimas audiencias dejaron al descubierto pericias telefónicas estremecedoras, declaraciones cargadas de llamativos baches de memoria y testimonios locales que continúan dinamitando las coartadas de los principales imputados.

Los audios del terror: cuando el miedo a que “planten pruebas” delata la desesperación

La tensión escaló a otro nivel cuando el perito policial Ciro Lautaro Melián Abril se sentó frente al estrado para desmenuzar el análisis preliminar de los dispositivos celulares secuestrados en el marco de la causa, poniendo bajo la lupa el teléfono de Carlos Pérez. El especialista expuso un material documental y sonoro de alto voltaje probatorio correspondiente a las comunicaciones mantenidas por Pérez el 19 de junio de 2024, apenas unos días después de la desaparición del pequeño.

En una serie de audios de WhatsApp dirigidos al entonces comisario Walter Maciel, Pérez exteriorizaba una inquietud tan desesperada como reveladora: exigía y suplicaba custodia policial tanto en su domicilio particular como en otra dirección específica, argumentando sin ambages que temía que le plantaran pruebas incriminatorias tanto en su camioneta blanca Amarok V6 como en la parte trasera de su propiedad.

Para la fiscalía y los querellantes, la lectura de estos audios no hace más que confirmar la hipótesis de la anticipación psicológica criminal. Un ciudadano común que se sabe inocente y ajeno a una tragedia de esta magnitud colabora con la justicia sin condicionamientos geográficos ni operativos; en cambio, el temor obsesivo a una “plantación de pruebas” en los vehículos que la ciencia forense luego investigaría minuciosamente delata a un sujeto que conoce perfectamente los rastros que dejó a su paso.

Además, el informe técnico sobre el teléfono de Pérez arrojó datos curiosos y perturbadores sobre la cronología de navegación de aquel trágico 13 de junio: mientras el país entero comenzaba a desesperarse por la ausencia de Loan, en el historial de internet del imputado figuraban búsquedas tan disímiles como la cartografía de la provincia de San Juan y reiterados ingresos a sitios de contenido pornográfico. Entre llamadas cruzadas con María Victoria Caillava —quien le consultaba con fría ansiedad si había alguna “novedad sobre el bebé”—, el rompecabezas digital empieza a mostrar aristas que escapan por completo al perfil de un ciudadano consternado.

La declaración de Jorge Luciano Bertón: memoria selectiva y un apellido bajo la lupa

El momento más álgido de la semana judicial llegó con la citación de Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava y esposo de Regina Escobar. Con 38 años, dedicado a las labores rurales y agrícolas, Bertón ingresó a la sala bajo el peso inevitable de la advertencia legal: declarar sabiendo que una de las principales imputadas es su propia madre.

A lo largo de su extensa exposición, el testigo intentó trazar un relato lineal sobre sus movimientos durante el 13 y el 14 de junio de 2024. Sostuvo que se enteró de la desaparición de Loan a través de una actualización de estado de WhatsApp compartida por su pareja, y que poco después su propia madre se comunicó con él para anoticiarlo del hecho. Afirmó que organizó de manera espontánea una partida de búsqueda junto a media docena de lugareños —mencionando a vecinos como Matías Suárez y un joven apodado “Tere”—, con quienes se internó en los montes aledaños a la casa de la abuela Catalina en plena noche, provistos únicamente de linternas y guiados por la desesperación colectiva.

No obstante, cuando el fiscal y los abogados querellantes comenzaron a profundizar en los detalles finos de sus comunicaciones, en la frecuencia de sus llamadas con Caillava y en el uso de los vehículos familiares, la figura de Bertón se escudó sistemáticamente en un latiguillo tan recurrente como sospechoso: “No me acuerdo”, “No recuerdo”, “Honestamente no tengo memoria de eso”.

Las preguntas incisivas sobre el paradero de la camioneta Amarok blanca, sobre los traslados hacia el campo de La Florida, sobre las herramientas de trabajo agrícola y sobre la dinámica familiar en los días posteriores al hecho chocaron sistemáticamente contra un muro de amnesia selectiva. Los querellantes deslizaron con ironía en los pasillos que la memoria del testigo parecía funcionar con la precisión de un reloj suizo para justificar su inocencia, pero sufría apagones masivos cada vez que se rozaban los intereses procesales de su madre. La sombra de un pasado judicial con antecedentes de impunidad y el patrocinio legal histórico que rodea a su entorno familiar terminaron por redondear una presencia incómoda que dejó más dudas que certezas en el tribunal.

Mario Justo González, alias “Guacha”: el testimonio rústico que desarma la coartada inicial

Si el testimonio del hijo de Caillava aportó el manto de duda propio de los vínculos filiales, la declaración de Mario Justo González —conocido en el paraje Algarroval como “Guacha”— aportó la crudeza de la vida rural y un golpe directo a la credibilidad de los primeros movimientos de los sospechosos.

González, un puestero de campo de 61 años que vive solitario en medio de las 30 hectáreas que administra, relató con tonada campesina y absoluta sencillez cómo se enteró del caso. Afirmó que la tarde del 13 de junio, alrededor de las 14:30 o 15:00 horas, Antonio Benítez golpeó la puerta de su rancho. Al salir a atenderlo, lo vio montado en una moto, visiblemente apurado y con gesto preocupado.

—¿No te enteraste? Se perdió el hijo de José —le soltó Benítez de entrada, según relató el testigo.

Ante la sorpresa, González le preguntó detalles de dónde y cómo había ocurrido, obteniendo como respuesta una seña imprecisa hacia la zona de la casa de la abuela Catalina. Con la sabiduría práctica de quien conoce los códigos del monte, el puestero le dio una instrucción terminante: —Mire, m’hijo, lo primero que se hace cuando se pierde un animal o una criatura es avisarle a la policía. Vaya y avísele a la autoridad.

La respuesta de Benítez, de acuerdo con el testimonio de “Guacha”, fue evasiva: le retrucó que primero iba a dar una vuelta por su cuenta para ver si lo encontraba, y que recién después vería si se comunicaba con las fuerzas de seguridad. Unas horas más tarde, según el registro del lugareño, Benítez volvió a aparecer o intentó comunicarse, pero la señal de los teléfonos celulares en esa zona agreste comenzó a fallar de manera crítica, cortando los diálogos.

El testimonio de González desnuda una verdad incómoda que la instrucción judicial tardó demasiado en ponderar: la absoluta reticencia de los adultos presentes en el almuerzo trágico a dar aviso inmediato a la policía. Lejos de la desesperación genuina de salir a buscar a un niño extraviado, los movimientos iniciales de los imputados parecieron obedecer más a una estrategia de tanteo, especulación y control territorial que a la urgencia humanitaria de hallar a una criatura en peligro.

Chicanas, peleas y un juicio que camina en la cuerda floja

Entre testimonio y testimonio, el debate oral continúa respirando un clima de tensión asfixiante. Las disputas entre los letrados defensores —como el ya célebre cruce de chicanas protagonizado por Rodolfo Baqué— y los representantes del Ministerio Público Fiscal obligaron en más de una ocasión al tribunal a declarar cuartos intermedios para calmar los ánimos y restablecer el decoro institucional en la sala de Gendarmería.

Los debates sobre la protección de la identidad de los menores de edad mencionados en el expediente —cuya exposición pública a través de iniciales y vínculos filiales generó un profundo malestar en la asesoría de menores— volvieron a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre la publicidad republicana de los actos de gobierno y la preservación de los derechos vulnerables en una causa de dimensiones mediáticas colosales.

Mientras las audiencias continúan sumando nombres a un expediente que ya superó el medio centenar de testigos y avanza hacia una lista de más de 150 personas pendientes de declarar, la sensación térmica social en Corrientes y en el país entero sigue siendo la misma: la necesidad imperiosa de saber la verdad. El próximo recambio en la presidencia del tribunal con la asunción formal del juez Enrique Bosch garantiza la continuidad jurídica del proceso sin que se pierda una coma de lo actuado, pero la exigencia popular no transige con tecnicismos.

A más de dos años de aquella tarde maldita en el Algarroval, el rompecabezas judicial sigue sumando piezas oscuras. Los audios del miedo, las coartadas frágiles de los familiares y las contradicciones de un círculo íntimo acorralado por la evidencia demuestran que la verdad, aunque intente ser sepultada bajo capas de olvido y silencios cómplices, tiene la incómoda costumbre de salir a la superficie. Loan espera justicia, y el tribunal, paso a paso, comienza a cercar a los responsables en la recta final hacia un veredicto que marcará un antes y un después en la historia judicial argentina.