¡TERREMOTO EN EL TRIBUNAL! El juez renunció en plena audiencia, el hijo de Caillava acorralado por la amnesia selectiva y un pacto de silencio que se desmorona a los gritos
El juez que se va, las mentiras que se chocan y el cerco que se cierra: las horas más picantes y oscuras del juicio por Loan Danilo Peña

El aire en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional en Corrientes se corta con un cuchillo. Afuera, la lluvia castiga sin piedad las calles en este octubre de 2026; adentro, entre paredes húmedas y una tensión que rebalsa las bancas, el debate oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña —el niño de cinco años cuyo rastro se esfumó el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarroval— transcurre en la cuerda floja entre el rigor técnico y la escenografía de un circo romano. Lejos de calmarse con el paso de las semanas, el proceso judicial se sacude al ritmo de revelaciones explosivas, renuncias en la cúpula magistral, testigos con amnesia selectiva y una batería de chicanas entre abogados que transforman cada audiencia en una batalla campal sin tregua.
A más de dos años de aquella tarde maldita, el rompecabezas sigue sumando piezas siniestras mientras la sociedad argentina observa con lupa un banquillo de los acusados que no deja de dar sorpresas.
I. Un sismo institucional: la renuncia de Fermín Ceroleni y el fantasma de la nulidad
La semana judicial arrancó con un bombazo que sacudió los cimientos de la justicia federal: el doctor Fermín Ceroleni, presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, no estará presente para dictar la sentencia. A través del decreto 1066 de 2026, firmado por el presidente de la Nación y el ministro de Justicia, se aceptó formalmente su renuncia por jubilación con fecha efectiva al 1 de diciembre.
Inmediatamente, la noticia corrió como reguero de pólvora y el fantasma del colapso procesal invadió a los familiares. Los juicios de esta magnitud no se resuelven en dos días; implican meses de producción probatoria, desfile de testigos y análisis minuciosos. El propio fiscal del caso advirtió que el debate podría extenderse más allá de diciembre, abriendo un interrogante inquietante: ¿se corre el riesgo de que todo quede foja cero?
Ante los planteos de la defensa y la inquietud generalizada, Ceroleni fue categórico en el recinto: descartó de plano que su retiro cause demoras procesales o nulidades, aclarando que cualquiera de los magistrados restantes puede asumir la presidencia del debate.
El salvavidas legal está perfectamente armado en el Código Procesal Penal. El juez Enrique Bosch, quien integró el tribunal como magistrado sustituto y presenció prácticamente la totalidad de las audiencias, se perfila para tomar las riendas del proceso sin que se pierda un solo minuto de lo ya actuado. La regla de la “inmediatez” —el principio de que el juez que sentencia debe haber visto declarar a los testigos en la sala— queda garantizada gracias a la figura del suplente, diseñada precisamente para evitar catástrofes ante imprevistos de esta naturaleza. No obstante, las defensas técnicas, siempre ávidas de encontrar una hendija por donde colar un recurso, analizan cada inasistencia para intentar batallar en los estrados, aunque las probabilidades de éxito técnico son, en los hechos, casi nulas.
II. La noche de los enigmas: el hospital de 9 de Julio, una tos fantasma y los celulares en la basura
Mientras la burocracia judicial discute decretos, el corazón del horror late al compás de los testimonios que rodearon los movimientos de María Victoria Caillava y Carlos Pérez durante la noche misma de la desaparición.
Para entender la gravedad de esta pista, hay que retrotraerse al 14 de junio de 2024, el día posterior al hecho, cuando la pareja viajó raudamente hacia la capital correntina. La coartada oficial siempre giró en torno a una supuesta urgencia médica: una consulta ginecológica programada por un posible cuadro oncológico. Sin embargo, la escala previa realizada la noche del 13 en el hospital de 9 de Julio encendió todas las alarmas de la fiscalía, que sostiene que la camioneta Ford Ranger blanca fue utilizada para el traslado clandestino del niño.
En el estrado, los testimonios cruzados dejaron a Caillava en una encrucijada sin salida. Por un lado declaró Alicia Axon, enfermera del nosocomio, amiga íntima de la imputada y testigo en su boda. Axon confirmó que la atendió cerca de las 23:00 horas, asegurando que presentaba una tos persistente, motivo por el cual le administró un corticoide y un antibiótico (dexametasona y ampicillin).
Sin embargo, los matices de su relato hicieron agua por todos lados. La enfermera deslizó que Caillava le confió que viajaba al día siguiente a ver a un urólogo por un problema de incontinencia urinaria, barajando una especialidad médica totalmente distinta a la ginecología oncológica esgrimida originalmente.
Pero lo verdaderamente turbio llegó cuando Axon admitió sin pruritos un accionar criminal respecto a las pruebas: reconoció que arrojó dos teléfonos celulares a un tacho de basura cercano a su domicilio, argumentando que uno estaba roto y el otro con la pantalla dañada, y que borró información de su propio dispositivo simplemente “para liberar espacio”. Una amiga íntima que destruye y descarta aparatos tecnológicos en plena investigación por la desaparición de un niño de cinco años es, cuanto menos, una pieza difícil de tragar para cualquier tribunal.
En la vereda de enfrente, el testimonio de Daisy Ávalos, una vecina de 29 años que aguardaba en el pasillo del hospital esa misma noche con su hija con fiebre, dinamitó el relato de la tos. Ávalos aseguró haber estado veinte minutos escuchando e interactuando en el pasillo, viendo a Pérez aguardar afuera en la camioneta, pero remarcó de forma categórica que no escuchó a Caillava toser ni una sola vez. Las piezas no encajan. Y cuando los allegados se contradicen de esta manera, las coartadas oficiales se derrumban como castillos de naipes.
III. El circo en la sala, las chicanas y el show de Alan Cañete por Zoom
Entre testimonio y testimonio, el debate oral respira un clima de tensión asfixiante. Las disputas entre los letrados defensores —como los constantes cruces dialécticos y chicanas protagonizados por Rodolfo Baqué y el fiscal— obligaron en más de una ocasión al tribunal a declarar cuartos intermedios para calmar los ánimos.
Un punto de fricción constante gira en torno a la protección de la identidad de los menores de edad mencionados en el expediente. La abogada de menores y los fiscales debatieron acaloradamente sobre el uso de iniciales (como SMAP, J, JB o M) frente a la necesidad de reconstruir la verdad histórica nombrando los vínculos familiares y de confianza que existían en el entorno del naranjal. Mientras las defensas intentan blindar cualquier mención para evitar coletazos, la fiscalía sostiene que prohibir nombrar los lazos es amputar la reconstrucción lógica de los hechos.
En paralelo, las escenas tragicómicas no faltan. El imputado Alan Cañete, conectado vía Zoom, protagonizó momentos insólitos: en reiteradas oportunidades abandonó la cámara, se ausentó sin aviso o se filtraron audios donde se lo escuchaba festejar o reírse en plena audiencia. Tras las advertencias del presidente del tribunal, se le exigió orden bajo la amenaza de revocar el beneficio de la virtualidad y obligarlo a sentarse en persona en el banquillo, custodiado de cerca por la realidad carcelaria.
IV. El turno del heredero: la amnesia selectiva de Jorge Luciano Bertón
El plato fuerte de las últimas jornadas llegó con la citación de Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava y esposo de Regina Escobar. Con 38 años, dedicado a las labores rurales y agrícolas, Bertón ingresó a la sala bajo el peso inevitable de la advertencia legal: declarar sabiendo que una de las principales imputadas es su propia madre.
A lo largo de su exposición, el testigo intentó trazar un relato lineal sobre sus movimientos durante el 13 y el 14 de junio de 2024. Sostuvo que se enteró de la desaparición de Loan a través de una actualización de estado de WhatsApp compartida por su pareja, y que poco después su propia madre se comunicó con él para anoticiarlo del hecho. Afirmó que organizó de manera espontánea una partida de búsqueda junto a media docena de lugareños —mencionando a vecinos como Matías Suárez y un joven apodado “Tere”—, con quienes se internó en los montes aledaños a la casa de la abuela Catalina en plena noche, provistos únicamente de linternas y guiados por la desesperación colectiva.
No obstante, cuando el fiscal y los abogados querellantes comenzaron a profundizar en los detalles finos de sus comunicaciones, en la frecuencia de sus llamadas con Caillava y en el uso de los vehículos familiares, la figura de Bertón se escudó sistemáticamente en un latiguillo tan recurrente como sospechoso: “No me acuerdo”, “No recuerdo”, “Honestamente no tengo memoria de eso”.
Las preguntas incisivas sobre el paradero de la camioneta Amarok blanca, sobre los registros de combustible en la zona, sobre las herramientas de trabajo agrícola y sobre la dinámica familiar en los días posteriores al hecho chocaron sistemáticamente contra un muro de amnesia selectiva. Los querellantes deslizaron con ironía en los pasillos que la memoria del testigo parecía funcionar con la precisión de un reloj suizo para justificar su propia inocencia, pero sufría apagones masivos cada vez que se rozaban los intereses procesales de su madre. La sombra de un pasado judicial con antecedentes de impunidad y el patrocinio legal histórico que rodea a su entorno familiar terminaron por redondear una presencia incómoda que dejó más dudas que certezas en el tribunal.
V. La crudeza del monte: “Guacha” González y la resistencia a la policía
Si el testimonio del hijo de Caillava aportó el manto de duda propio de los vínculos filiales, la declaración de Mario Justo González —conocido en el paraje Algarroval como “Guacha”— aportó la crudeza de la vida rural y un golpe directo a la credibilidad de los primeros movimientos de los sospechosos.
González, un puestero de campo de 61 años que vive solitario en medio de las 30 hectáreas que administra, relató con tonada campesina y absoluta sencillez cómo se enteró del caso. Afirmó que la tarde del 13 de junio, alrededor de las 14:30 o 15:00 horas, Antonio Benítez golpeó la puerta de su rancho. Al salir a atenderlo, lo vio montado en una moto, visiblemente apurado y con gesto preocupado.
—¿No te enteraste? Se perdió el hijo de José —le soltó Benítez de entrada, según relató el testigo.
Ante la sorpresa, González le preguntó detalles de dónde y cómo había ocurrido, obteniendo como respuesta una seña imprecisa hacia la zona de la casa de la abuela Catalina. Con la sabiduría práctica de quien conoce los códigos del monte, el puestero le dio una instrucción terminante: —Mire, m’hijo, lo primero que se hace cuando se pierde un animal o una criatura es avisarle a la policía. Vaya y avísele a la autoridad.
La respuesta de Benítez, de acuerdo con el testimonio de “Guacha”, fue evasiva: le retrucó que primero iba a dar una vuelta por su cuenta para ver si lo encontraba, y que recién después vería si se comunicaba con las fuerzas de seguridad. Unas horas más tarde, según el registro del lugareño, Benítez volvió a aparecer o intentó comunicarse, pero la señal de los teléfonos celulares en esa zona agreste comenzó a fallar de manera crítica, cortando los diálogos.
El testimonio de González desnuda una verdad incómoda que la instrucción judicial tardó demasiado en ponderar: la absoluta reticencia de los adultos presentes en el almuerzo trágico a dar aviso inmediato a la policía. Lejos de la desesperación genuina de salir a buscar a un niño extraviado, los movimientos iniciales de los imputados parecieron obedecer más a una estrategia de tanteo, especulación y control territorial que a la urgencia humanitaria de hallar a una criatura en peligro.
VI. La tecnología que no perdona y el fantasma de Montaigne
En paralelo a los testimonios presenciales, el perito policial Ciro Lautaro Melián Abril desmenuzó el análisis preliminar de los dispositivos celulares secuestrados, poniendo bajo la lupa el teléfono de Carlos Pérez. El especialista expuso material sonoro de alto voltaje probatorio correspondiente a las comunicaciones mantenidas por Pérez el 19 de junio de 1984… perdón, de 2024, apenas unos días después de la desaparición.
En una serie de audios de WhatsApp dirigidos al entonces comisario Walter Maciel, Pérez exteriorizaba una inquietud desesperada: exigía y suplicaba custodia policial tanto en su domicilio particular como en otra dirección específica, argumentando sin ambages que temía que le plantaran pruebas incriminatorias tanto en su camioneta blanca Amarok V6 como en la parte trasera de su propiedad.
Para la fiscalía, esto confirma la anticipación psicológica criminal. Un ciudadano común que se sabe inocente colabora sin condicionamientos; en cambio, el temor obsesivo a una “plantación de pruebas” en los vehículos que la ciencia forense luego investigaría delata a un sujeto que conoce perfectamente los rastros que dejó a su paso.
A esta altura, las palabras del filósofo y magistrado francés Michel de Montaigne en su célebre ensayo Sobre los mentirosos cobran una vigencia implacable: “Quien carece de buena memoria, jamás debe meterse en el terreno de la mentira”. Cuando se dice la verdad, no hay que recordar a quién se le dijo qué versión; cuando se construye una mentira, los cables tarde o temprano se cruzan. Las múltiples versiones sobre una tos, los relatos superpuestos sobre un botín plantado en el barro y las coartadas que se contradicen en el tiempo configuran un mosaico donde la verdad, más temprano que tarde, se abre paso entre los escombros.
Conclusión: un país que no olvida
A más de dos años de aquella tarde maldita en el Algarroval, el debate oral continúa su marcha entre chicanas, recusaciones y un cambio imprevisto en la cúspide del tribunal. Con la inminente asunción del juez Enrique Bosch para garantizar la continuidad jurídica y evitar nulidades caprichosas, el proceso entra en su recta definitiva. Loan Danilo Peña cumpliría hoy siete años en un limbo desgarrador, pero su nombre sigue retumbando en cada rincón de la sala de audiencias. Las mentiras se caen, los pactos de silencio crujen y la justicia, paso a paso, comienza a cercar a los responsables en la búsqueda de una respuesta que la historia argentina exige sin concesiones.